El panorama energético del país vuelve a estar en una situación de incertidumbre, posible crisis y en un rifirrafe entre los gremios del sector y el Gobierno nacional.

Mientras el primero asegura que está “asfixiado” por las deudas, el segundo no paga e insiste en negar un posible riesgo de apagón, económico y físico, en todo el territorio.

De acuerdo con los agentes del mercado, el Estado acumula una deuda que asciende a los $9.2 billones por concepto de subsidios, opción tarifaria, deuda oficial y lo que respecta a la empresa Air-e, actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

A lo anterior, se le suma una posible incidencia del fenómeno de ‘El Niño’ en el país, que complicaría aún más la situación energética por la escasez de agua durante este periodo de impacto. Además de otros factores a nivel fiscal y regulatorio que enfrenta el sector.

Los gremios han advertido que la seguridad energética del país está en “riesgo inminente”.

“Deudas deben ser pagadas con urgencia”

“Han sido las empresas del sector, y no el Gobierno nacional, las que han evitado un apagón en el país”, afirmó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

El dirigente gremial precisó que el Gobierno, a través del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, insiste en presentar soluciones a futuro para problemas que requieren acciones inmediatas.

Indicó que las dificultades que se tienen en energía y gas son “muy grandes”, por lo que se necesitan abordar con mayor celeridad y bajo lineamientos técnicos.

“Las empresas han hecho un esfuerzo sin precedentes para evitar un apagón. Han tenido que endeudarse, y estos recursos son dineros que se les deben, pero que ya fueron entregados a los usuarios en su momento”, subrayó.

Por su parte, el presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, advirtió que la probable ocurrencia de ‘El Niño’ en el país podría disparar el precio de la energía.

“Si los precios en bolsa comienzan a subir, el costo de la energía aumentará. Esto no es manipulación, es una dinámica de mercado: cuando hay escasez, los precios suben, como ocurre en cualquier otro sector”, afirmó.

Castañeda sostuvo que es indispensable que el Gobierno disponga de recursos dentro del Presupuesto General de la Nación, transferirlos a la Superintendencia de Servicios Públicos y ponerse al día con las deudas que acumula con el mercado energético.

Hizo mayor énfasis en la problemática de Air-e, que podría desencadenar una falla sistémica en cadena si no se atiende con urgencia. Registra una deuda actual de aproximadamente $2.1 billones con generadoras y transmisores del sector.

Déficit y falta de información

Entretanto, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), aseguró que es fundamental que haya “transparencia total” y “reglas claras”.

Manifestó que no se puede esperar a que haya un apagón para reaccionar, sino que es necesario tomar decisiones desde el Gobierno nacional, de la mano de los agentes del sector, para asegurar la confiabilidad del sistema.

Expresó una alta preocupación por la carencia de información sobre los escenarios de balance de la energía con los que se mide el sistema.

Indicó que XM ha dejado de publicar datos clave sobre balances de energía en firme y sobre los proyectos que están entrando al sistema, por lo que hizo un llamado de urgencia al operador del mercado para retomar los informes.

“XM venía entregando esta información de manera constante durante 30 años. Sin embargo, en los últimos seis meses hemos estado a oscuras en este aspecto”, mencionó.

Precisó que, sin datos consolidados, es imposible planificar en un sector que requiere, según dijo, entre seis y siete años de anticipación para desarrollar inversiones.

“Hoy se nos está reduciendo el margen de maniobra. Según el último informe disponible de XM, ya enfrentamos un déficit de energía en condiciones críticas. Esto significa que no tenemos suficiente energía para atender la demanda en escenarios adversos, como un fenómeno de El Niño”, enfatizó.

Gutiérrez señaló que actualmente el sector está en márgenes negativos. Cerraron el 2026 con un déficit cercano al 2% entre oferta y demanda, y en 2027 arrancarían en déficit.

“A esto se suma que la UPME no ha logrado resolver los problemas de puntos de conexión para nuevos proyectos. Y hay que ser claros: sin transmisión, la energía no llega a hogares, empresas, hospitales ni colegios. Este no es un tema menor”, agregó.

“La inversión se está afectando”

La presidenta de Acolgen sostuvo que las nuevas inversiones en el sector energético se están viendo afectadas por la “inestabilidad regulatoria”.

“Las señales que han dado algunos decretos recientes del Gobierno son percibidas incluso como cercanas a medidas de expropiación. No es solo una preocupación de los gremios. Agencias internacionales como Fitch Ratings han advertido que los cambios propuestos al cargo por confiabilidad podrían afectar los ingresos y los flujos de caja de las generadoras, desincentivando la inversión y aumentando el riesgo de escasez de energía”, anotó.

Indicó que, en los últimos 30 años, el sector ha invertido más de $140 billones bajo un esquema de “confianza, con instituciones sólidas y reglas claras”. Sin embargo, dijo que en los últimos años esa confianza se ha “deteriorado”.

“Si queremos atender la demanda futura, se requieren inversiones entre 10 y 13 billones de pesos, asumidas por los generadores. Pero la expedición constante de decretos y resoluciones que generan incertidumbre está frenando esas decisiones”, explicó

Asimismo, agregó que los proyectos no están entrando al ritmo esperado. Mencionó que, según cifras de XM, en 2026 solo ha entrado el 0,6% de la energía proyectada.

“Para dimensionar el riesgo, un apagón en Colombia podría costar alrededor de 1,5 puntos del PIB y cerca de $250 mil millones por hora”, puntualizó la dirigente gremial.

Gobierno descartó riesgo de apagón

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, descartó que haya riesgo de un apagón en el país.  

Aseguró que el análisis del sector no puede hacerse con una mirada de corto plazo, especialmente en el caso del gas, cuyos proyectos —según dijo— pueden tardar más de una década en entrar en operación.

“No se puede simplificar la discusión energética a tres años. Un proyecto de gas puede tomar entre 10 y 12 años”, afirmó.

El alto funcionario sostuvo que las reiteradas alertas sobre desabastecimiento podrían afectar la confianza de los inversionistas.

“Hay una narrativa insistente de apagón que no necesariamente refleja la realidad del sector”, anotó.  

El ministro puso sobre la mesa el tema del cargo por confiabilidad, uno de los componentes de la tarifa de energía que pagan los usuarios.

Indicó que es un esquema que, al tener más de dos décadas funcionando, debe revisarse. Precisó que son cerca de $6 billones al año por este concepto.